Comunicado de CRA junto a las Federaciones de Río Negro, Chubut y Santa Cruz. En el día de ayer tuvieron lugar un par de reuniones de suma importancia en el marco de la gestión del polo patagónico, de la cual tomaron parte los funcionarios responsables de las áreas de Producción provinciales y los representantes de las federaciones de sociedades rurales de la Patagonia. Puntualmente, Daniel Lavayén, Osvaldo Luján, Enrique Jamieson, Luis Sacco, Nora Lavayén y Juan José Anglesio representaron a la Federación de Sociedades Rurales del Chubut, la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz y la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro; en tanto, por los estados provinciales lo hicieron el presidente del Consejo Agrario de Santa Cruz, Adrián Suárez; la ministra de Producción de Chubut, Digna Hernando y el secretario de Ganadería de Río Negro, Norberto Tabaré Bassi. El primer encuentro fue con la subsecretaria de Ambiente de la Nación, Ana María Vidal de Lamas; el director de Control Nacional y Monitoreo Ambiental, Federico Caeiro y Marcelo Forgione, vicepresidente de Parques Nacionales; además de funcionarios de la Secretaría de Bioeconomía. En la misma se realizó una exposición donde se manifestó la compleja situación desde el punto de vista productivo que sufre la Patagonia a partir del fuerte incremento de los predadores y la población existente de guanacos, aspectos que atentan contra la rentabilidad del campo. «El aumento de la presión de pastoreo considerando la carga pecuaria total, junto con los herbívoros silvestres, es uno de los peligros ambientales de efectos más graves en el deterioro de los pastizales naturales y en ese marco el manejo del guanaco debe ser una herramienta disponible, ya que no puede ser excluido de la presión de pastoreo y por lo tanto como una variable en la productividad», señalaron. Los representantes de las gremiales provinciales adheridas a CRA, agregaron que «en relación a los predadores urge la necesidad del rol activo de los estados nacional, provincial y municipal en favor de la producción para el control de las especies que permitan la sustentabilidad de la ganadería en la Patagonia». Luego de un amplio debate, la subsecretaria de Ambiente manifestó en primer lugar lo importante de la presencia del sector público y privado de la Patagonia en su conjunto, lo que demuestra la realidad de la situación y lo entendible de lo solicitado, al tiempo que manifestó su comprensión de la situación productiva del sector y la necesidad de un trabajo conjunto en la búsqueda de soluciones sosteniendo el equilibrio entre lo ambiental y productivo. Por último, ambos sectores se comprometieron a establecer reuniones futuras para el logro de objetivos propuestos. Posteriormente, se concretó una reunión en la Secretaría de Bioeconomía donde se encontraban presentes Sergio Iraeta, subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal; Manual Chiappe, jefe de Asesores de la Subsecretaría de Producción Agropecuaria y Forestal; funcionarios del INTA, SENASA y de propia Secretaría. En dicho encuentro los representantes del sur argentino expusieron diversos temas que hoy están afectando la producción extensiva en la Patagonia y que lesionan seriamente los sistemas productivos, como así también las herramientas necesarias de financiamiento que requiere el sector. En ese sentido, los tópicos más relevantes giraron en torno al Plan Lanar II; servidumbre petrolera; Ley ovina; Prolana; SENASA e INTA y el financiamiento de la barrera sanitaria. Los funcionarios presentes manifestaron que estaban recientemente designados, por lo que con respecto algunos temas tomaban nota para dar respuestas a la brevedad y con respecto al financiamiento de la barrera sanitaria se decidió conformar una mesa de trabajo entre la Dirección Regional de Zona Norte y Sur de Patagonia de SENASA y los sectores público y privado. En tanto, con respecto a los expedientes de servidumbre se comprometieron a aprobar la resolución correspondiente en el menor tiempo posible ya que la demora lleva nueve meses. En otro orden, los representantes patagónicos explicaron el procedimiento de aprobación de los proyectos de ley ovina y cómo se realizan los desembolsos en forma directa a los proveedores de insumos de los proyectos, resaltando los controles desde todos los sectores involucrados, públicos y privados. Con respecto al Programa Nacional Prolana que garantiza la calidad de la esquila, se solicitó consideración sobre las decisiones tomadas sobre el retiro de personal que tienen una experiencia importante de más de 30 años y que son los que en la actualidad siguen realizando los controles necesarios a las comparsas al inicio de cada zafra. Tanto los funcionarios provinciales como desde las gremiales rurales coincidieron en la importancia de este tipo contactos personales, a la vez que manifestaron su satisfacción «por el esfuerzo realizado, tanto del sector público como del sector privado de la Patagonia, para estar presentes en ambas reuniones y poder manifestar nuestras preocupaciones, ser escuchados y posibilitar una gestión en conjunto de los temas por el bien de la Patagonia y del país en general», finalizaron. Fuente: https://www.cra.org.ar/

Compartimos la experiencia del viaje realizada por Valentino Costamagna Durante mi viaje a Río Gallegos, pude presenciar la riqueza y los desafíos inherentes a la producción ovina en la Patagonia. La calidad única del ganado ovino patagónico es emblemática, reflejando el ingenio, la pasión y la persistencia de quienes se dedican a su crianza.  Tras visitar EA Laguna Colorada y el frigorífico Estancias de Patagonia S.A., y considerando las perspectivas compartidas por funcionarios y productores locales, se profundizó mi comprensión sobre la importancia de la cooperación entre ganaderos y el gobierno para superar crisis pasadas y presentes.  Sin embargo, la región también enfrenta amenazas como el guanaco, el conflicto con las petroleras, los pumas, los médanos, la sequía, el abigeato, las complejidades del mercado lanar y cárnico.  En este contexto, es evidente que abogar por el Ateneo no solo es necesario; es crucial para empoderar a la juventud rural, y de manera consecuente a los adultos, y así contribuir a la construcción de un futuro sostenible para la región.  Quisiera expresar mi eterno agradecimiento a todos los integrantes del Ateneo por permitirme participar en sus actividades, compartir su tiempo, experiencias, preocupaciones e inquietudes.  Esta misión gremial me ha proporcionado valiosas lecciones sobre la realidad de la Patagonia, su gente, su trabajo, su cultura y las razones que la impulsan a organizarse. Mi deseo es aprovechar esta experiencia para gestionar de manera colaborativa una realidad superadora para todos.  Valentino Costamagna, Tesorero Ateneo CRA.

Los productores patagónicos alertamos sobre una nueva iniciativa para el ingreso de carne con hueso desde el norte de la Barrera Fitosanitaria hacia nuestra región. Se conoció en los últimos días la presentación, por parte del Diputado Nacional por la Provincia de La Pampa Martín Ardohain, un proyecto de ley para eliminar la Barrera Fitosanitaria que divide al país en dos grandes regiones con status sanitario diferente respecto de la Fiebre Aftosa. El objeto claramente comercial sobre el que se fundamenta el proyecto presentado, entre otras cosas, desconoce que la determinación del status sanitario no es una cuestión comercial, y no es potestad del poder legislativo nacional, si no que lo otorgan organismos internacionales, y lo validan luego países compradores exigentes en la materia como Japón o la Unión Europea. Este proyecto también se lleva puesto el esfuerzo de años de miles de productores patagónicos que nos ha permitido lograr y mantener el más alto status existente respecto de la fiebre aftosa, que es Libre Sin Vacunación. Resulta llamativo que el Diputado no explique el motivo por el cual, en todo el país salvo Patagonia, se sigue vacunando y ello es en función de un status sanitario diferente. El que quiere ser parte de la Patagonia debe trabajar para mejorar su status y no al revés. La eliminación de la Barrera Fitosanitaria implicaría la pérdida inmediata del status generando un perjuicio inmensurable a todos los productores, trabajadores y demás integrantes de la cadena ganadera patagónica. Instamos a Gobernadores y Legisladores Patagónicos a rechazar proyectos oportunistas y defender, juntos, nuestro status sanitario. ASOCIACIÓN RURAL DE TIERRA DEL FUEGO FEDERACIÓN DE SOCIEDADES RURALES DE RÍO NEGRO FEDERACIÓN DE SOCIEDADES RURALES DE CHUBUT FEDERACIÓN DE INSTITUCIONES AGROPECUARIAS DE SANTA CRUZ SOCIEDAD RURAL DEL NEUQUEN

El proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos propone un aumento de los derechos de exportación para muchos productos agropecuarios y de economías regionales. El nuevo esquema introduce nuevas distorsiones y generará problemas para los productores, menor inversión, menor empleo y más concentración de la producción. Un análisis costo-beneficio de los derechos de exportación índica que, para muchas actividades productivas, en particular en las economías regionales, esta nueva presión tributaria perjudica notoriamente a los productores, y el beneficio a obtener por el fisco nacional es escaso. Los casos más complicados son los vinos, el algodón, la carne ovina, el aceite esencial de limón, el tabaco, la cadena forestal, la cadena avícola, la cadena porcina, la floricultura, la mandioca, las aromáticas y especias, sin enumerar otras producciones regionales menores, como por ejemplo semillas de chía, sésamo, poroto mung, cártamo y pisingallo. El problema de los derechos de exportación lleva larga data, y la persistencia del impuesto es una apropiación adicional del Estado Nacional sobre la facturación de los productores, que son quienes soportan el impuesto pues los exportadores lo trasladan al precio interno final pagado. Es imprescindible eliminar las «retenciones», impuestos que no se cobran en casi ningún país del mundo. Esta oposición tajante a los derechos de exportación la hemos mantenido desde su primera imposición y es una premisa irrenunciable en defensa de la producción que mantendremos sin importar el signo político de quien gobierne. A los efectos de una cabal comprensión de las afectaciones que producen este tipo de impuestos, desarrollamos tres ejemplos: Carne ovina En el caso de la carne ovina, el 85% de la exportación proviene de la Patagonia. Los derechos de exportación de 5% fueron bajados a 0% en 2022. La abrupta suba a 15%, en un contexto de precios internacionales al 50% de su valor de años previos, limita toda posibilidad de exportar en 2024. El beneficio para el fisco sería de entre USD 1,5 a USD 2 millones anuales, una cifra insignificante para el Estado, pero determinante para una producción de 2.000 productores proveedores de la exportación. Se le estaría quitando entre $ 500.000 y $ 800.000 a cada productor, afectando seriamente la actividad. Vinos En el caso de los vinos, la alícuota de derechos de exportación propuesta pasa de 5% a 8%. De cara a 2024, el mercado interno de los vinos sufrirá una fuerte caída de ventas por caída del poder de compra del salario, por el alza abrupta de la inflación, en medio del proceso de normalización de precios relativos comenzado desde el 11 de diciembre. Por otra parte, a priori se espera una mayor cosecha, en un contexto importante de stocks, o sea habrá mayor oferta de vinos. En ese escenario, es clave la salida exportadora. Para los vinos varietales, en principio, el nuevo tipo de cambio ofrece mejores perspectivas. Pero en un sector que tendría exceso de oferta por caída del mercado interno, aumentar los derechos de exportación, y no llevarlos a 0% será un golpe adicional sobre la rentabilidad de la cadena, tanto bodegas como productores, que son quienes cargarán con el costo mayor del problema. Una posible recaudación por derechos de exportación del orden de USD 80 millones en 2024 no tiene impacto fuerte en las finanzas públicas, y sí lo tendrá en la rentabilidad de la producción. Chía, cártamo y otras semillas El caso de las semillas, como la chía, el cártamo, el sésamo, el poroto mung o el pisingallo presentan otros tipos de problemas, porque ante la introducción de derechos de exportación, el impacto negativo sobre productores de Salta, Jujuy, Tucumán y Chaco sería enorme, y el beneficio para el Estado es mínimo. Las exportaciones anuales de chía, semilla producida en provincias del NOA, rondan los USD 5 millones. La chía nunca tuvo derechos de exportación hasta ahora, y súbitamente pasaría a pagar una alícuota de 15%. Esto implicaría para el Estado una recaudación de algo menos de USD 769.500. Para los productores de chía, los derechos de exportación implican una baja de rentabilidad de 33%, considerando además el mayor costo por herbicidas, fertilizantes y otros costos por la aplicación del impuesto país sobre las importaciones. Debe tenerse en cuenta que durante los últimos 20 años la producción de cártamo en el NOA ha sido una de las pocas alternativas económicamente rentables en invierno dada su baja necesidad hídrica. Es un cultivo 100% regional, concentrado principalmente en la provincia de Salta, a una distancia de 1.300 km de los puertos donde se exporta. Todo lo que se produce se exporta como aceite, generando ingresos genuinos de divisas sin afectar el consumo interno. El aceite que se exporta genera entre USD 5 a 10 millones anuales. La implementación de retenciones al 15% provoca un duro golpe a este cultivo. El impacto en los magros márgenes, que equivaldrían a una baja de ingresos directos al productor de aproximadamente USD/ton 60, llevarían a su reducción o discontinuidad de este cultivo regional, afectando la contratación de servicios, generación de empleo y mano de obra, mayor demanda de insumos. Fuente: https://bit.ly/48xx2yo

CRA manifiesta su repudio absoluto a las recientes propuestas legislativas que impactarían directamente bajo la línea de flotación de los productores; ya que tanto el proyecto de ley «Fondo Federal para el Desarrollo Nacional (Fofeso)», como la iniciativa del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, de aumentar el impuesto inmobiliario en un 300%, constituyen un duro golpe a los productores y a la producción nacional. Desde CRA hace más de 20 años que nos declaramos en contra de los derechos de exportación sin importar quien gobierne, entendiendo que es un impuesto totalmente distorsivo. El proyecto Fofeso, que busca institucionalizar las retenciones a la soja -con una distribución tendenciosa claramente a favor de la gobernación de Buenos Aires-, es un retroceso inaceptable que perpetúa un impuesto distorsivo y perjudicial para el desarrollo productivo, económico y social del país. Por su parte, la idea de aumentar el impuesto inmobiliario en un 300% en la provincia de Buenos Aires plantea una carga fiscal insostenible para los productores, comprometiendo su capacidad de producción y generación de empleo. Sumadas, ambas propuestas representan un golpe de gracia a los productores, generando un impacto económico negativo que afectará no solo a la agricultura sino también a la economía en su conjunto. Cabe resaltar que no aceptamos ni validamos ningún tipo de retención, sea cual fuere el destino de los fondos. Nos opusimos y lo seguimos haciendo, a los derechos de exportación que vienen de larga data y que el actual gobierno nacional continúa sosteniendo. Por otro lado, no puede pasar desapercibido que estas nuevas iniciativas vengan de la mano de representantes políticos de un gobierno que dejó el país en ruinas y con niveles de pobreza históricos. Tampoco podemos soslayar, que quienes alientan las movilizaciones en contra del ajuste del gobierno nacional, intenten aplicar impuestazos del orden del 300% en su territorio. Obviamente, eso sin contar que han sido los autores intelectuales de decenas de medidas en contra de la producción que han puesto en jaque a miles de productores. A la vez nos preguntamos, ¿En vez de recurrir a succionar recursos de la parte más débil de la cadena productiva nacional, por qué no proponen racionalizar agresivamente superfluos gastos estatales? Ante este escenario, CRA insta a las autoridades a reconsiderar estas medidas que amenazan la viabilidad de la producción nacional y exige una revisión inmediata de las decisiones que afectan directamente a la producción argentina. FUENTE: https://www.cra.org.ar/

Hoy, en el marco del Consejo Superior Directivo de la entidad, por unanimidad el productor agropecuario de Venado Tuerto, Carlos Castagnani, ha sido elegido como el nuevo presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) para el período 2023-2025. Carlos Castagnani es un destacado dirigente rural con una larga y destacada trayectoria gremial a nivel nacional. Su compromiso y liderazgo previos en el sector y dentro de CRA lo han preparado para asumir esta importante posición. Castagnani fue presidente de la Sociedad Rural Venado Tuerto durante los períodos 2003-2006 y 2011-2014. Además, desempeñó un papel crucial como secretario de CRA y como presidente y secretario de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE). Esta nueva composición de la Mesa Ejecutiva de CRA representa una etapa de renovación y un compromiso sólido con el sector agropecuario en Argentina. En este nuevo período, más del 50% de las autoridades de la entidad han sido renovadas, y la Mesa Ejecutiva de CRA para el período mencionado quedó conformada de la siguiente manera: