En época de esquila, seguí esta normativa para garantizar una buena zafra. Obligaciones del productor:  El productor debe presentar el galpón limpio, ordenado y en buenas condiciones. Corrales y lugares de movimiento de hacienda libres de todo factor contaminante.  Estos deben permitir la correcta circulación de los animales, para evitar que se lastimen. Galpón: siempre limpio y barrido.Playa e instalaciones: sin aceite, grasa, espinas, etc. Pisos sanos: sin tablas flojas ni posibles lugares donde la hacienda pueda lesionarse. Iluminación adecuada: en el área de esquila y en las mesas de acodicionamiento de lana. Artículos personales: en un espacio definido y alejado del área de esquila. Espacio para observación: de animales débiles, lastimados, en mal estado o con algún factor diferente. Obligaciones del acondicionador, antes de comenzar la esquila: Haber revalidado la matrícula anual PROLANA. Poseer todos los elementos y documentación provistos por el programa. Exigir una mesa de acondicionar apta para el trabajo. Acordar el ritmo con el productor y el contratista. Verificar instalaciones, iluminación y la no existencia de contaminantes. Verificar la balanza. Ubicar e identificar los recipientes para “no vellón” y los boxes para “vellón”. Recorrer los bretes y corrales para identificar masa y extremos del lote. Consultar sobre la existencia de más de una raza. Trabajarlos en romaneos separados. Controlar la humedad de la hacienda que ingresará a la esquila. Animales negros o coloreados serán los últimos en ser esquilados, evitando contaminación.   Obligaciones del acondicionador, durante la esquila: Asegurar que los vellones se “tiren” sobre la mesa y se efectúe un adecuado desborde. Alertar y corregir en caso de dobles cortes y/o lastimaduras. Separar los “vellones” y partes de “no vellón” en clases de acuerdo a las pautas PROLANA. Garantizar el buen trabajo de los meseros y prenseros. Prevenir cualquier contaminación. Asegurar que los bolsones de pedacería se estacionen en lugares donde no se mezclen. Pesar los fardos, conformar las tarjetas y volcar los datos en la planilla de romaneo de estancia. En caso de lana sin acondicionar colocar tarjeta S/A del color que corresponda. Respetar las pautas para el muestreo. Completar y firmar el ROMANEO por triplicado. Comunicar a la Coordinación Provincial PROLANA cualquier incumplimiento por cualquiera de las partes. Obligaciones del contratista: Registrarse en la Coordinación Provincial PROLANA, demostrando conocimiento sobre el programa y responsabilizándose por su equipo a través de la firma de una DDJJ. La cantidad de aprendices no debe superar el 25% de los esquiladores, y trabajar a un ritmo que priorice el acondicionamiento de los vellones. Antes de iniciar el trabajo, presentar hoja de ruta con los establecimientos que recorrerá, ubicación y fechas estimadas, notificar cambios a PROLANA. Debe colaborar con las supervisiones, informando a éstas cualquier cambio o novedad que se produzca. Debe permanecer al frente de su personal. Asegurar el mantenimiento del orden y la limpieza en el galpón de esquila. Debe capacitarse en bienestar animal, evitar lesiones y contar con instrumental y productos veterinarios para la atención de eventuales cortes. Firmar el romaneo de estancia dando constancia, en carácter de DDJJ, de que el trabajo fue realizado cumpliendo las técnicas básicas PROLANA. Comunicar a todos los integrantes del equipo de esquila que están subordinados a las indicaciones del acondicionador de lanas.

Con el inicio de la temporada de esquila, la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS) comparte una serie de buenas prácticas orientadas al control y la prevención de la sarna ovina, una de las principales amenazas sanitarias para la ganadería santacruceña. El objetivo es acompañar a productores, acondicionadores y contratistas de comparsa de esquila con recomendaciones concretas para proteger la majada durante esta etapa clave del año. La desinfección de la ropa de trabajo y de las herramientas de esquila es el primer eslabón de esta cadena de cuidado. Se recomienda pulverizar hasta empapar, o directamente lavar, las prendas con Cipermetrina al 20%, en una dilución de 1 ml de producto por cada litro de agua. Esta misma desinfección debe aplicarse también a peines, prensa, mesa y demás herramientas utilizadas durante la esquila. Una vez aplicado el producto, el segundo paso consiste en realizar un primer enjuague de prendas y calzado con agua. Luego, se debe proceder al lavado con jabón y agua caliente, a una temperatura de 60 grados, para asegurar la correcta eliminación de residuos y agentes patógenos. A continuación, corresponde un segundo enjuague, igual de minucioso que el primero, para retirar por completo el jabón utilizado. Finalmente, el proceso se completa con el secado: extender y colgar las prendas hasta que estén completamente secas antes de volver a utilizarlas. Estas cinco medidas, aplicadas de manera sistemática, permiten reducir significativamente el riesgo de propagación de sarna ovina, cuidando no solo la salud de los animales sino también la calidad de la producción lanera y la reputación del producto santacruceño en los mercados. Desde FIAS remarcamos que el esfuerzo de toda una temporada se protege con estos cinco pasos. Se trata de una responsabilidad compartida entre todos los eslabones de la cadena productiva, y de un cuidado colectivo que fortalece a la ganadería de Santa Cruz en su conjunto.

Comunicado de la Federación de Instituciones Agropecuarias Santacruceñas; la Federación de Rurales de Chubut y la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro, entidades que integran CRA. Dentro del paquete de la Ley Bases aprobada recientemente se ubicó a la Ley 25.422 para la Recuperación de la Ganadería Ovina (más conocida como Ley Ovina) en la bolsa de los fideicomisos supuestamente truchos y su derogación termina siendo una espada de Damocles que pende sobre la cabeza de la producción patagónica. Esta ley -sancionada el 4 de abril de 2001 y promulgada en el año 2003- ha sido una herramienta formidable para en el crecimiento y la formalidad de las majadas, para la mejora genética y de infraestructura, siendo una actividad de alto involucramiento social y familiar, natural y netamente renovable. Definitivamente, su derogación es un pecado que, de no corregirse, puede acarrear efectos devastadores en la actividad. La justificación actual para archivar esta ley y hacer desaparecer su financiamiento denota el típico desconocimiento del centralismo que no tiene la capacidad de ingresar minuciosamente a los territorios profundos para ver cómo una excelente herramienta pudo transformar y hacer crecer la actividad ovina en el país. Más allá de que todo puede mejorarse, entendemos que el mecanismo que imprimía esta Ley era transparente. Por ejemplo, cada provincia contaba con una coordinación provincial y una UEP (Unidad Ejecutora Provincial) integrada por organismos técnicos, estamentos oficiales y productores. A su vez, los proyectos presentados debían ser realizados por profesionales habilitados, se realizaba una evaluación técnica legal y administrativa; los fondos aprobados eran abonados directamente al proveedor del insumo que corresponda, sean estas compras de animales o infraestructura y anualmente se realizaban informes de gestión por los proyectos aprobados y rendidos. Resulta obligatorio poner la producción ovina en contexto: la política económica de los últimos años produjo la descapitalización del sector y la falta de rentabilidad y para colmo, la derogación llegó en medio de una crisis climática casi sin precedentes; la Patagonia produce el 72 % de la lana total del país y de la cual el 90 % de su producción es lana fina; posee el 58 % de las existencias del país con casi 7 millones de ovinos; representa el 33 % del Territorio nacional; sin producción ovina no hay ocupación territorial; los montos destinados a Patagonia en el último año fueron de 302 millones, lo que significa 33 mil pesos por productor o 45 pesos por animal y el 90 % de los proyectos aprobados y pagados son préstamos y por lo tanto con devolución, no son subsidios. En este marco, resulta imperioso generar un encuentro con las autoridades nacionales para que entiendan la trascendencia de volver a poner en funcionamiento la Ley Ovina. Estamos de acuerdo en buscar mejores mecanismos de apoyo a la producción, estamos de acuerdo en trabajar en forma conjunta el sector público y privado para darle sustentabilidad a la producción ovina, para posicionarla como la cuarta carne de la cadena argentina, mientras la industria de la lana se repotencie en la Patagonia, su lugar natural. Pero no compartimos y seguiremos bregando al respecto, en eliminar un fondo tan determinante con argumentos que no se condicen con la realidad. https://www.cra.org.ar

Luego de que el Gobierno disolviera un sistema de financiamiento para la actividad, referentes del sector le contestaron al vocero presidencial; aclararon que había “control social”. Tras la decisión del Poder Ejecutivo de cerrar un fondo ovino, productores agropecuarios lamentaron que se haya revocado el Contrato de Fideicomiso que venía desde 2002. Apuntaron también contra el vocero presidencial y dijeron que Manuel Adorni “mezcla todo”. César Guatti, productor y representante de la Federación de Instituciones Agropecuarias de la provincia de Santa Cruz, contó que, si bien ya sabían que se había caído este fondo, se formalizó ahora con la publicación en el Boletín Oficial. En una presentación que hicieron en el Senado en mayo pasado, argumentaron que este fondo había surgido ante la necesidad de financiamiento y atención de los productores patagónicos. El fondo estuvo activo hasta 2023. “Desde el Ejecutivo y, a través de la Ley Bases, se entendía que los fideicomisos se habían convertido en una herramienta poco transparente y, lamentablemente, le tocó también a la Ley Ovina. Estaba bien explícito en la Ley Bases, es algo que veníamos sabiendo”, precisó. Legalmente la herramienta fue denominada Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO). El fondo fue suscripto el 19 de julio de 2002 entre la exSecretaría de Agricultura y el Banco Nación. “Era un mecanismo muy transparente, con mucho control social. No era precisamente el caso [de que era poco transparente]. Las asignaciones venían a las provincias, a través de lo que se llamaban las Unidades Ejecutoras Provinciales [UEP], que estaban integrados por el gobierno provincial, organismos técnicos nacionales como el Senasa y el INTA, con los mismos productores”, dijo. La medida fue formalizada en el Boletín Oficial a través de la resolución 650 del Ministerio de Economía de Luis Caputo. “Se ha decidido cerrar el Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO). Este fondo manejaba 3000 millones de pesos por año sin ningún tipo de transparencia. Desde su creación (hace ya más de 20 años) tampoco se pudieron verificar mejoras en el sector”, escribió Adorni en X. Sobre la transparencia a la que hizo alusión el Gobierno, Guatti explicó que, en su caso, estuvo desde el nacimiento del proyecto. “Siempre buscamos que sea lo más transparente posible, que tenga control social y que todos los actores vinculados a la actividad pudieran auditar el funcionamiento, y que no haya desvíos de fondos. Incluso a través de las UEPs nos ha tocado iniciar acciones judiciales a pares nuestros, demostrando que nos interesaba mantenerlo en funcionamiento y con toda la claridad posible, cumpliendo con las normativas legales vigentes. Era transparente: en Santa Cruz se auditó y no hubo casos de denuncias penales vinculadas a desvío o malversación de fondos”, expresó. Daniel Lavayen es integrante de la Comisión Directiva de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y agregó que los fondos de esta ley, en realidad, eran de $850 millones. “Estamos molestos con las declaraciones que hizo el vocero presidencial [Manuel Adorni] porque mezcla todo. No son 3000 millones de pesos, son 850 millones de pesos actualmente. Cuando nace la ley, hace más de 20 años, eran 20 millones de dólares, que eran 20 millones de pesos. ¡Es preocupante lo que dice!”, sostuvo. Lavayen representa a la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro y reiteró que la ley nació por un planteo que surgió en la Patagonia. Cada provincia tiene una unidad ejecutora integrada que aprueba los créditos que se hacen a través de profesionales, normados y controlados. “Los fondos son devueltos y están auditados por Nación, si es así, que demuestren dónde fueron los problemas, sino ensucian a todo el mundo. Esto nos dolió y es preocupante. Está bien que hagan desaparecer los fondos, pero esto es una ley aprobada por el Congreso: la ley aún existe”, precisó Lavayen. Para los productores, la Ley Ovina es una herramienta muy valiosa que permitió mantener la actividad en pie, sobre todo en la Patagonia. Para acceder al fondo se hacían concursos de proyectos que tenían una calificación, por tanto, se aprobaban los que tenían más que ver con las pautas fijadas en las diversas provincias. “Aunque es una ley nacional, permitió que durante todo este tiempo muchos establecimientos se mantuvieran en pie y no se cerraran”, afirmó Guatti. Los productos siguen en conversaciones con las autoridades nacionales a través de la Secretaría de Agricultura. “Seguimos tratando de buscar diversos mecanismos de financiamiento. La Ley tiene sus estructuras armadas en todas las provincias y sería muy importante poder mantenerla en pie; sin su financiamiento en realidad pierde gran parte de su sentido”, resumió Guatti. El Ministerio de Economía puntualizó que las auditorías realizadas registraron importantes fallas en la gestión del fondo y un incumplimiento de los objetivos perseguidos, en desmedro de la protección de los recursos públicos asignados a este régimen. “La auditoría realizada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) encontró importantes fallas, tales como la falta de fiabilidad en el manejo de la información del universo de beneficios aprobados; la incierta cantidad de acreencias del fondo; la debilidad en el recupero de los aportes reintegrables; la inexistencia de sanciones a beneficiarios incumplidores; fallas en el control y ejecución de los proyectos; debilidades en las compras y contrataciones; ausencia de documentación de respaldo, falta de control en las rendiciones de cuentas; entre otras irregularidades”, dijeron en la oficina de Caputo. Belkis Martínez | https://www.lanacion.com.ar/