Lo decidió el gobierno nacional a la espera de una respuesta de miembros de la Unión Europea. uando falta menos de una semana para el vencimiento del plazo establecido por la resolución 186/2025 del Senasa, que suspendió por 90 días el permiso para ingresar carne con hueso a la Patagonia desde zonas libres de fiebre aftosa con vacunación, el gobierno nacional realizó una prórroga de la medida. Con la resolución 419 del organismo sanitario conocida hoy en el Boletín Oficial, se hizo una extensión de 60 días con el objetivo de esperar respuestas oficiales de países como Chile y miembros de la Unión Europea, a quienes se les consultó si la modificación normativa podría generar consecuencias comerciales o sanitarias. Vale recordar que, en marzo pasado, el Gobierno publicó la Resolución 180/2025 del Senasa en la que se establecieron nuevas condiciones sanitarias para permitir el ingreso de carne con y sin hueso, productos cárnicos y material genético desde zonas del país donde se vacuna contra la fiebre aftosa hacia la Patagonia, que ostenta un estatus de libre de la enfermedad sin vacunación. Sin embargo, pocas horas después de su publicación, y frente a una ola de críticas, el Senasa resolvió posponer su aplicación por 90 días, plazo que vencerá el 16 del actual. Ahora, a días del vencimiento, el Gobierno extendió la suspensión. “El objetivo es esperar las respuestas de los países con los que se hicieron consultas formales”, explicaron las fuentes consultadas. Según había informado el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, a este medio en Las Nacionales ganaderas de Corrientes, esas consultas se realizaron a pedido de los productores patagónicos, con el fin de determinar si la medida podría generar algún tipo de conflicto comercial. “Consultamos si la decisión podía representar algún inconveniente con Chile, con la Unión Europea o con el traslado de animales desde Tierra del Fuego a Santa Cruz, por ejemplo. Enviamos notas a los países y estamos esperando respuestas”, había explicado Iraeta. En tanto, en lo que respecta al tránsito de hacienda desde Tierra del Fuego —que debe atravesar territorio chileno para llegar a Santa Cruz—aseguraron que ya se habría recibido una respuesta positiva: “No habría problema”. Pero en el caso de los mercados internacionales como destino de exportación de carne ovina patagónica, todavía se aguarda una confirmación sobre si la flexibilización del estatus sanitario podría implicar trabas comerciales o riesgos regulatorios. La prórroga se producirá en un contexto de fuerte rechazo de los productores de la Patagonia al ingreso de carne con hueso, que temen haya riesgos para su estatus sanitario. Luego de que se conociera la medida, desde la Cámara de Frigoríficos Ovinos y Bovinos de la Patagonia, y también desde las asociaciones rurales del sur, se había advertido que una apertura sin garantías podría ser perjudicial. “La resolución 180 representa un retroceso sanitario y comercial que pone en riesgo los mercados internacionales ganados gracias al estatus libre de fiebre aftosa sin vacunación”, señalaron en un documento conjunto. También advirtieron que la norma podría significar el quiebre de las explotaciones ovinas, el abandono de los campos y la pérdida de soberanía territorial en zonas de baja densidad poblacional. Las críticas apuntaron, además, a la falta de diálogo previo con los países compradores y a que la medida fue anunciada sin los mecanismos de consulta internacional habituales en el comercio de carnes. Además se cuestionó el argumento de que la medida buscaba reducir el precio de la carne en la región. Es que, cuando se conoció la medida, una de las cosas que se dijeron fue que la medida apuntaba a bajar los precios de la carne en la Patagonia que, en medio de una oferta insuficiente de hacienda, tiene precios, según los cortes, muy superiores. Según datos relevados en marzo último, en un supermercado de la ciudad Autónoma de Buenos Aires el kilo de asado se ofrecía a $8200, mientras que en el Alto Valle de Río Negro se había disparado a más de $20.000. En la región patagónica hay unas 1,2 millones de cabezas de ganado vacuno, con una mayor concentración en Río Negro (400.000 vientres), Patagones (200.000 vacunos), Santa Cruz (120.000) y un stock ovino de aproximadamente dos millones de animales. La oferta de carne es limitada, y esa escasez incide en los precios al consumidor. La restricción al ingreso de carne con hueso a la Patagonia rige desde 2001, cuando un rebrote de fiebre aftosa —una enfermedad que afecta al ganado pero no al consumidor— llevó a la Argentina a implementar un sistema de regionalización sanitaria. Desde entonces se restringió el tránsito de animales y productos entre regiones, especialmente entre la Patagonia y el resto del país, donde se aplica la vacunación obligatoria. Como parte de esa política, se prohibió el ingreso de carne con hueso al sur del país para preservar el estatus sanitario diferenciado de la región. Fuente: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/barrera-patagonica-prorrogaran-por-60-dias-la-medida-que-freno-el-ingreso-de-carne-con-hueso-a-la-nid10062025/
“Sigue firme”: la Mesa de Enlace defendió ante el Gobierno la barrera sanitaria de la Patagonia
Dirigentes y ministros del agro de esa región se reunieron con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, luego que las autoridades habilitaran, y después postergaran, el ingreso de carne con hueso a esa zona libre de aftosa sin vacunación. Tras una extensa reunión que llevaron adelante los integrantes de la Mesa de Enlace, las autoridades de la Secretaría de Agricultura, junto a técnicos del Senasa, los ruralistas brindaron un fuerte respaldo al estatus patagónico y coincidieron en que la barrera sanitaria de Río Colorado no debe levantarse. En el marco de un encuentro convocado para debatir la implementación de una medida del Gobierno que busca habilitar el ingreso de carne con hueso a la Patagonia, zona reconocida internacionalmente por su estatus sanitario de libre de aftosa sin vacunación, resaltaron que la intención es proteger el estatus sanitario. Vale recordar que, a mediados del mes pasado, el Senasa publicó la resolución 180/2025, que establece condiciones sanitarias para el ingreso de carne, productos cárnicos y material reproductivo a la región patagónica. Horas después, el Gobierno dio marcha atrás con la medida y la postergó por 90 días. Durante la reunión estuvieron el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta; el presidente del Senasa, Pablo Cortese junto a un equipo quienes explicaron la medida. Por las provincias participaron Carlos Banacloy, ministro de Agroindustria de Río Negro; Laura Haydee Mirantes, ministra de Producción de Chubut; y Adrián Suárez, presidente del Consejo Agrario Provincial de Santa Cruz. Los integrantes de la Mesa de Enlace que participaron fueron: Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA); Lucas Magnano, presidente de Coninagro; Ulises Forte, director del Distrito 8 de la Federación Agraria Argentina (FAA) y Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). “De ninguna manera la barrera sanitaria se elimina. La barrea sigue firme, no se termina. Va a seguir funcionando. El Senasa fue contundente: la opinión científica es sólida, muy concreta. Pero, además, esto no es solo una medida sanitaria: también hay un componente comercial, de desarrollo regional, que hay que mirar con responsabilidad”, preció Pino a LA NACION. El dirigente valoró el trabajo sostenido de las provincias del sur a lo largo de este tiempo para conservar el estatus. “Los patagónicos hace más de 20 años que vienen cuidando su barrera, y eso les permitió ser reconocidos como zona libre de aftosa sin vacunación. Eso es un logro, y hay que respetarlo”, precisó. Aunque admitió que podrían evaluarse cambios puntuales, dejó en claro que debe hacerse con diálogo y sin poner en riesgo los logros sanitarios: “Se puede trabajar para generar algunas condiciones para que la Patagonia pueda recibir algunos cortes de carne, quizás con huesos. Hay que ir viendo eso, y siempre priorizando que no pierdan su estatus sanitario. Cuidar la barrera es cuidar el comercio de la Patagonia“, acotó. Castagnani también remarcó el tono positivo en el que se desarrolló la reunión. “Hay un consenso en tomar todas las miradas y todos los pedidos para no perjudicar a ninguna de las partes. La Patagonia es libre sin vacunación, el resto del país libre con vacunación. Esa diferencia existe, y no se puede pasar por alto”, acotó. Durante el encuentro se puso sobre la mesa que el Gobierno tiene 60 días para tomar una definición y se resaltó que ya se empezó a trabajar en la revisión de los puntos más sensibles: “Quedamos en rever ciertos puntos. No se habló de levantar la barrera, eso fue un malentendido. El Gobierno tomó nota de todo lo que se planteó”, aclaró. Consultado sobre las consecuencias que tendría esta medida, el ruralista señaló: “No se levanta la barrera. Lo que más preocupa es que la resolución afecte a los mercados ovinos de la Patagonia, que es una economía regional clave. También se mencionó que por el tema de la fruta y la mosca no hay motivo para preocuparse: no se modificarán los controles”. En ese contexto, Magnano resumió que “la reunión fue muy buena». Desde Coninagro están en una posición intermedia: “Tenemos productores a ambos lados de la barrera y buscamos representar a todos”. Destacó que el impacto de la resolución 180/2025 podría sentirse más en el sector ovino que en el bovino. “Estamos hablando mucho de carne bovina, pero la resolución puede afectar más a la producción ovina, que es muy importante en la Patagonia. El peligro es que se cierren mercados y eso sería grave”, planteó. Recordó que la Argentina tiene un estatus sanitario único y es un país libre de aftosa. “Solo que en una parte se vacuna y en otra no. La Organización Mundial de la Salud Animal (OMSA) dice que ambas condiciones son equivalentes. No hay dos estatus, eso es importante aclararlo», observó. Sobre los pasos a seguir, agregó que quedaron en seguir trabajando, aportando mejoras a la resolución sin afectar los intereses de nadie, y menos el estatus sanitario del sur. “Esto no es un levantamiento de la barrera, es una reconfiguración con el ingreso de la carne. Se corre bajo riesgo, el riesgo cero no existe. Quedamos en pensar aportes para mejorar la resolución para que no se sienta tocado ningún interés, y el Gobierno buscar la respuesta de los mercados sobre qué dirían si se toma esa resolución”, puntualizó. Fuente: La Nación
Biólogo propone un debate sobre el funcionamiento del Parque Nacional Monte León
El biólogo Stuart “Chacho” Blake, oriundo de Río Gallegos, quiere iniciar un debate sobre la situación actual del Parque Nacional Monte León (PNML) ubicado a 35 kilómetros de la localidad de Piedra Buena.«Viví mi infancia y gran parte de mi juventud en el campo y soy la cuarta generación de productores santacruceños. No soy experto en guanacos, pero sí lo soy en Biología Cuantitativa, particularmente en dinámica poblacional. Estudié Biología Cuantitativa (Ecología, Estadística, Informática y Evolución) en la Universidad St. Andrews en Escocia, pero más allá de eso, soy un ciudadano preocupado por la desertificación que está provocando el desmanejo del PNML» detalla Blake.Después de mucho tiempo estudiando el tema, en contacto con funcionarios, ambientalistas, productores de la zona y autoridades del PNML, «Chacho» asegura que el Parque actualmente no cumple con los objetivos para los cuales fue creado.«Tiene serias carencias institucionales y ecológicas» -afirma- «por ello invité a la Intendenta, Licenciada Mariela Gauna o a quien ella crea pertinente, a un debate público para tratar estos puntos.»El PNML se gestó inicialmente como una reserva Costera y se efectuó el relevo ecológico correspondiente en la costa, llevado a cabo por el reconocido biólogo Guillermo Harris” relata, agregando que «eventualmente el Parque incluyó 62 mil hectáreas de meseta, y el propio Harris confirma que no hubo un relevo ecológico previo, es decir, no se realizaron los estudios necesarios de la meseta antes de la formación del PNML.»Por otro lado, el biólogo explica que cada Parque Nacional cuenta con un Plan de Manejo, que generalmente se actualiza cada 10 años. El del PNML data del año 2002 y, si bien están trabajando en el tema, no han presentado un nuevo plan desde hace más de veinte años, es decir, desde que se creó. Además, este trabajo de actualización carece de transparencia.«El Plan existente dice que el alambrado perimetral tiene que estar en buen estado para que no entre ganado (ovejas y vacas) al Parque, pero no dice nada acerca de no permitir el egreso de pumas y guanacos a los campos lindantes.»«Las autoridades del Parque no tienen idea de cuántos guanacos salen del Parque» -afirma- «me han afirmado que, como son especies autóctonas, no tienen planes para contar los que se ‘auto-exportan’ a los establecimientos rurales (privados) de la zona» «Se creó un criadero de pumas y guanacos sin saber las consecuencias» Blake, como tantos otros vecinos, está convencido de que, agotados los recursos de agua y pasto en el PNML, los animales lógicamente han salido a buscar alimento afuera. Al secarse las lagunas naturales en el Parque ya no hay agua disponible ahí, asique los animales silvestres beben en los bebederos de los molinos que tienen las estancias para su ganado. “El agua en sí no es gran problema, pero el pasto que comen sí lo es” señala.«Desde el PNML han rechazado la idea de que el puma se traslada por la playa a la zona de Río Gallegos» -afirma- «los baqueanos saben que eso es exactamente lo que ocurre: en dos mareas bajas llegan fácilmente a Cabo Buen Tiempo. El parque es un criadero de pumas que, efectivamente, llega a la costa norte de la ría del Gallegos. Sé, por ejemplo, de gente que les ha pedido a las autoridades del PNML que vengan a buscar leonas con cría para que no le maten sus ovejas, pero el Parque no ha respondido.»«Yo creo que todos estos puntos son de interés público – opina el biólogo – «por eso invité a la Intendenta de Monte León a un debate público los primeros días de septiembre en Río Gallegos y espero que se pueda dar ese intercambio, abierto para toda la comunidad, libre y gratuito.»Por otro lado, hace más de diez años el crecimiento poblacional de guanacos se ve claramente reflejado en la zona del PNML pero precisamente más afuera que dentro del Parque. Se suelen ver grandes tropillas en inmediaciones de la Ruta Nacional 3 y campos aledaños a la reserva.Por último, la tranquera de acceso costero del PNML permanece gran parte de año cerrada con candado (condiciones climáticas y problemas de acceso) como así también las instalaciones y sólo está abierta al turismo el área del ex casco de la estancia, reduciendo la función de tamaño parque al mínimo.“Claramente, la Administración de Parques Nacionales tiene una deuda pendiente con la sociedad, pues lejos está el Parque de haber cumplido su cometido inicial” finaliza diciendo el biólogo Stuart Blake.
Tragedia en Colchane: ganadero muere tras ataque de puma dentro de estancia
La víctima, que contaba con graves heridas en su cuerpo, incluyendo la pérdida de ambas manos, fue encontrada sin vida por cercanos. Una verdadera tragedia se registró en la comuna de Colchane, región de Tarapacá, luego de que un ganadero fuese encontrado muerto tras ser atacado por un puma al interior de su estancia ubicada en el sector de Templanza. Acorde con los antecedentes proporcionados por la municipalidad, la víctima contaba con graves heridas en su cuerpo, incluyendo la pérdida de ambas manos, y fue hallada sin vida por cercanos, quienes acudieron a la vivienda del hombre tras no verlo en varios días. Los testigos señalaron que, al llegar al domicilio del aludido, todas las puertas estaban abiertas y que el cadáver estaba en la cocina. Personal médico del consultorio rural de salud de Colchane y Carabineros acudieron al lugar para constatar el fallecimiento. En tanto, el Servicio Médico Legal se encargará de determinar las causas exactas del deceso. Sin embargo, las marcas encontradas en la vivienda y el estado del cuerpo respaldan la teoría del ataque de un puma. Las autoridades reclaman que este no es el primer ataque de pumas que se registra en el sector, pues en febrero del 2023, ganaderos alertaron que estos animales salvajes habían aprendido entrar a los corrales, donde en esa ocasión dieron muerte a cerca de 20 de crías. «No podemos seguir viviendo bajo la constante amenaza de estos ataques. Es inaceptable que un puma ingrese a una casa y ataque a una persona. Sentimos un profundo dolor e impotencia. Por ser una especie protegida, no podemos actuar contra estos animales, pero exigimos a las autoridades que prioricen la seguridad de las personas. Necesitamos medidas de control para proteger la vida humana ante estos depredadores que se han vuelto un peligro real», declaró el alcalde de Colchane, Javier Gracía. Fuente: https://www.24horas.cl/
Milei interviene la obra social de la UATRE, la segunda más grande del país
La resolución de la Superintendencia de Salud llega un mes después de que la Justicia de La Pampa le devolviera al sindicato el control de la Osprera tras una intervención judicial que duró más de un año. El Gobierno intervino hoy la obra social del sindicato de peones rurales (Uatre), la segunda en importancia por el número de afiliados de la Argentina. Lo hizo apenas un mes después de que la Justicia de La Pampa le devolviera al sindicato el control de la Osprera tras una intervención judicial que duró más de un año. La propia norma destaca que la nominación es el paso previo a una intervención. El control de la administración libertaria se cristalizó hoy mediante la resolución 1612 de la Superintendencia de Salud que nombró a la abogada Virginia Montero como administradora provisoria en base a irregularidades que el Ejecutivo dijo haber detectado en la gestión de la obra social. Se trata del segundo desembarco directo de la administración de Javier Milei en una entidad sindical prestadora de salud. Como reveló en exclusiva El Destape el 29 de mayo pasado la Superintendencia ya había nombrado en otra obra social, la del Personal del Fósforo (Ospif) a otro administrador provisorio, con el agravante de que en aquella oportunidad puso a cargo a un exfuncionario de la SSS desplazado por sospechas sobre su presunta participación en maniobras de traspasos fraudulentos de afiliados. En el caso de Osprera la principal diferencia es de volumen: la de los peones rurales cuenta con unos 650 mil afiliados, sólo por debajo de la del gremio de Comercio. Los desembarcos gubernamentales en ámbitos sindicales se habían hecho moneda corriente en la gestión de Mauricio Macri con más de una docena de intervenciones en obras sociales y gremios. Fueron mecanismos en varias oportunidades a caballo de resoluciones judiciales que le permitieron a aquel oficialismo hacerse de estructuras financieras y territoriales con relativa sencillez. Entre los artífices y beneficiarios directos de aquella modalidad se encontraban Jorge Triaca, el primer ministro de Trabajo de Mauricio Macri, y el sindicalista gastronómico Luis Barrionuevo, quien logró ubicar a funcionarios propios en varias de las entidades intervenidas. Uno de los puntos más llamativos de la administración impuesta en Osprera es que se ordenó apenas un mes después de que venciera el plazo de la intervención judicial que pesaba sobre esa oganización desde marzo de 2023, y que el magistrado pampeano que la había resuelto dispusiera su devolución a las autoridades de la Uatre, con el secretario general, José Voytenco, a la cabeza. En esa oportunidad fue también una resolución a favor de la conducción del sindicato de una interna cruenta que mantuvieron por años Voytenco y su principal rival interno, el dirigente y también diputado (ahora) libertario Pablo Ansaloni. La novedad, plasmada en la resolución publicada hoy en el Boletín Oficial, encendió todas las alarmas en la CGT. En el gremio calificaron en reserva la medida como «un disparate» y destacaron que apenas el viernes pasado la SSS había enviado a sus directivos «unos requerimientos» para luego dar paso este martes a la intervención firmada por el superintendente, Gabriel Oriolo. También destacaron que la resolución no suspendió a la comisión directiva en funciones en Osprera que incluye un veedor judicial. La resolución pone de manifiesto en sus considerandos «una serie de infracciones, incumplimientos e inobservancias en que incurre el Agente del Seguro de Salud (Osprera), de incuestionable gravedad» entre los que enumera «las dificultades en la liquidez y solvencia de la institución, así como, un endeudamiento significativo que pone en riesgo su estabilidad financiera a corto y mediano plazo». Apunta a la gestión de Alberto Fernández al exponer que una ayuda otorgada a la Osprera por 3.350 millones de pesos el 4 de octubre de 2023 «evidentemente no fue aprovechada adecuadamente, ya que no solo no logró mejorar la situación de endeudamiento, sino que esta ha empeorado». También apunta sobre un incremento de «la deuda prestacional» de 27 mil millones de pesos a 44 mil millones entre octubre y marzo de este año y un pasivo con los hospitales públicos de 1.500 millones de pesos. En tanto que el balance 2023 da cuenta que «la situación económica financiera es crítica, presenta un capital de trabajo altamente negativo, un índice de liquidez por debajo de los límites aceptables y niveles de endeudamiento corriente y total fuera del ámbito de los parámetros, regular capacidad de repago”. Y añade que Osprera arrastra litigios pendientes que dificultan «su normal desenvolvimiento». Menciona la resolución una auditoría sobre los grados de satisfacción de los beneficiarios entre 2022 y 2023 que identificó 16.410 reclamos. Además, apunta que la página web de la obra social «no informa sobre la cartilla, ni sobre los coseguros» a la vez que «no cuenta con ningún registro o información (propia o elaborada por prestadores) sobre intentos de suicidio, protocolo IVE, canales de difusión de las temáticas IVE, identidad de género y violencia de género». «Que el relevamiento telefónico aleatorio efectuado a lo largo de todo el país arroja como resultado que no se ha podido verificar fehacientemente que las prestaciones sean brindadas por los prestadores denunciados por la OSPRERA en su cartilla médica», añade. Virginia Montero, la médica clínica nombrada como administradora provisoria, cuenta en su CV de Linkedin con labores como subgerente de Prestaciones Médicas de la prepaga Medifé entre septiembre de 2017 y marzo de este año, y previamente como coordinadora de la guardia de la Clínica Adventista de Belgrano. Fuente: https://www.eldestapeweb.com/
La Patagonia necesita imperiosamente de la Ley Ovina
Comunicado de la Federación de Instituciones Agropecuarias Santacruceñas; la Federación de Rurales de Chubut y la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro, entidades que integran CRA. Dentro del paquete de la Ley Bases aprobada recientemente se ubicó a la Ley 25.422 para la Recuperación de la Ganadería Ovina (más conocida como Ley Ovina) en la bolsa de los fideicomisos supuestamente truchos y su derogación termina siendo una espada de Damocles que pende sobre la cabeza de la producción patagónica. Esta ley -sancionada el 4 de abril de 2001 y promulgada en el año 2003- ha sido una herramienta formidable para en el crecimiento y la formalidad de las majadas, para la mejora genética y de infraestructura, siendo una actividad de alto involucramiento social y familiar, natural y netamente renovable. Definitivamente, su derogación es un pecado que, de no corregirse, puede acarrear efectos devastadores en la actividad. La justificación actual para archivar esta ley y hacer desaparecer su financiamiento denota el típico desconocimiento del centralismo que no tiene la capacidad de ingresar minuciosamente a los territorios profundos para ver cómo una excelente herramienta pudo transformar y hacer crecer la actividad ovina en el país. Más allá de que todo puede mejorarse, entendemos que el mecanismo que imprimía esta Ley era transparente. Por ejemplo, cada provincia contaba con una coordinación provincial y una UEP (Unidad Ejecutora Provincial) integrada por organismos técnicos, estamentos oficiales y productores. A su vez, los proyectos presentados debían ser realizados por profesionales habilitados, se realizaba una evaluación técnica legal y administrativa; los fondos aprobados eran abonados directamente al proveedor del insumo que corresponda, sean estas compras de animales o infraestructura y anualmente se realizaban informes de gestión por los proyectos aprobados y rendidos. Resulta obligatorio poner la producción ovina en contexto: la política económica de los últimos años produjo la descapitalización del sector y la falta de rentabilidad y para colmo, la derogación llegó en medio de una crisis climática casi sin precedentes; la Patagonia produce el 72 % de la lana total del país y de la cual el 90 % de su producción es lana fina; posee el 58 % de las existencias del país con casi 7 millones de ovinos; representa el 33 % del Territorio nacional; sin producción ovina no hay ocupación territorial; los montos destinados a Patagonia en el último año fueron de 302 millones, lo que significa 33 mil pesos por productor o 45 pesos por animal y el 90 % de los proyectos aprobados y pagados son préstamos y por lo tanto con devolución, no son subsidios. En este marco, resulta imperioso generar un encuentro con las autoridades nacionales para que entiendan la trascendencia de volver a poner en funcionamiento la Ley Ovina. Estamos de acuerdo en buscar mejores mecanismos de apoyo a la producción, estamos de acuerdo en trabajar en forma conjunta el sector público y privado para darle sustentabilidad a la producción ovina, para posicionarla como la cuarta carne de la cadena argentina, mientras la industria de la lana se repotencie en la Patagonia, su lugar natural. Pero no compartimos y seguiremos bregando al respecto, en eliminar un fondo tan determinante con argumentos que no se condicen con la realidad. https://www.cra.org.ar
“Ensucian a todo el mundo”. Adorni cuestionó la transparencia de un fondo ovino y los productores lo cruzaron
Luego de que el Gobierno disolviera un sistema de financiamiento para la actividad, referentes del sector le contestaron al vocero presidencial; aclararon que había “control social”. Tras la decisión del Poder Ejecutivo de cerrar un fondo ovino, productores agropecuarios lamentaron que se haya revocado el Contrato de Fideicomiso que venía desde 2002. Apuntaron también contra el vocero presidencial y dijeron que Manuel Adorni “mezcla todo”. César Guatti, productor y representante de la Federación de Instituciones Agropecuarias de la provincia de Santa Cruz, contó que, si bien ya sabían que se había caído este fondo, se formalizó ahora con la publicación en el Boletín Oficial. En una presentación que hicieron en el Senado en mayo pasado, argumentaron que este fondo había surgido ante la necesidad de financiamiento y atención de los productores patagónicos. El fondo estuvo activo hasta 2023. “Desde el Ejecutivo y, a través de la Ley Bases, se entendía que los fideicomisos se habían convertido en una herramienta poco transparente y, lamentablemente, le tocó también a la Ley Ovina. Estaba bien explícito en la Ley Bases, es algo que veníamos sabiendo”, precisó. Legalmente la herramienta fue denominada Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO). El fondo fue suscripto el 19 de julio de 2002 entre la exSecretaría de Agricultura y el Banco Nación. “Era un mecanismo muy transparente, con mucho control social. No era precisamente el caso [de que era poco transparente]. Las asignaciones venían a las provincias, a través de lo que se llamaban las Unidades Ejecutoras Provinciales [UEP], que estaban integrados por el gobierno provincial, organismos técnicos nacionales como el Senasa y el INTA, con los mismos productores”, dijo. La medida fue formalizada en el Boletín Oficial a través de la resolución 650 del Ministerio de Economía de Luis Caputo. “Se ha decidido cerrar el Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO). Este fondo manejaba 3000 millones de pesos por año sin ningún tipo de transparencia. Desde su creación (hace ya más de 20 años) tampoco se pudieron verificar mejoras en el sector”, escribió Adorni en X. Sobre la transparencia a la que hizo alusión el Gobierno, Guatti explicó que, en su caso, estuvo desde el nacimiento del proyecto. “Siempre buscamos que sea lo más transparente posible, que tenga control social y que todos los actores vinculados a la actividad pudieran auditar el funcionamiento, y que no haya desvíos de fondos. Incluso a través de las UEPs nos ha tocado iniciar acciones judiciales a pares nuestros, demostrando que nos interesaba mantenerlo en funcionamiento y con toda la claridad posible, cumpliendo con las normativas legales vigentes. Era transparente: en Santa Cruz se auditó y no hubo casos de denuncias penales vinculadas a desvío o malversación de fondos”, expresó. Daniel Lavayen es integrante de la Comisión Directiva de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y agregó que los fondos de esta ley, en realidad, eran de $850 millones. “Estamos molestos con las declaraciones que hizo el vocero presidencial [Manuel Adorni] porque mezcla todo. No son 3000 millones de pesos, son 850 millones de pesos actualmente. Cuando nace la ley, hace más de 20 años, eran 20 millones de dólares, que eran 20 millones de pesos. ¡Es preocupante lo que dice!”, sostuvo. Lavayen representa a la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro y reiteró que la ley nació por un planteo que surgió en la Patagonia. Cada provincia tiene una unidad ejecutora integrada que aprueba los créditos que se hacen a través de profesionales, normados y controlados. “Los fondos son devueltos y están auditados por Nación, si es así, que demuestren dónde fueron los problemas, sino ensucian a todo el mundo. Esto nos dolió y es preocupante. Está bien que hagan desaparecer los fondos, pero esto es una ley aprobada por el Congreso: la ley aún existe”, precisó Lavayen. Para los productores, la Ley Ovina es una herramienta muy valiosa que permitió mantener la actividad en pie, sobre todo en la Patagonia. Para acceder al fondo se hacían concursos de proyectos que tenían una calificación, por tanto, se aprobaban los que tenían más que ver con las pautas fijadas en las diversas provincias. “Aunque es una ley nacional, permitió que durante todo este tiempo muchos establecimientos se mantuvieran en pie y no se cerraran”, afirmó Guatti. Los productos siguen en conversaciones con las autoridades nacionales a través de la Secretaría de Agricultura. “Seguimos tratando de buscar diversos mecanismos de financiamiento. La Ley tiene sus estructuras armadas en todas las provincias y sería muy importante poder mantenerla en pie; sin su financiamiento en realidad pierde gran parte de su sentido”, resumió Guatti. El Ministerio de Economía puntualizó que las auditorías realizadas registraron importantes fallas en la gestión del fondo y un incumplimiento de los objetivos perseguidos, en desmedro de la protección de los recursos públicos asignados a este régimen. “La auditoría realizada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) encontró importantes fallas, tales como la falta de fiabilidad en el manejo de la información del universo de beneficios aprobados; la incierta cantidad de acreencias del fondo; la debilidad en el recupero de los aportes reintegrables; la inexistencia de sanciones a beneficiarios incumplidores; fallas en el control y ejecución de los proyectos; debilidades en las compras y contrataciones; ausencia de documentación de respaldo, falta de control en las rendiciones de cuentas; entre otras irregularidades”, dijeron en la oficina de Caputo. Belkis Martínez | https://www.lanacion.com.ar/
El presidente de CRA, Carlos Castagnani, visitó Río Gallegos en medio de la emergencia por nevadas
Uno de los puntos destacados de la visita fue el establecimiento Tapi Aike, que se ha transformado en un centro de operaciones y punto de encuentro estratégico debido a su ubicación junto a la ruta principal en conjunto con el Ejército Nacional para coordinar acciones y asistir a los productores de la zona. Desde este lugar, se coordinan las salidas de los tanques del ejército, las máquinas viales, y se cuenta con un puesto de vialidad y una comisaría. Esta infraestructura ha sido clave para la organización y respuesta ante la emergencia. En este marco, el presidente de CRA también mantuvo una reunión con Daniel Álvarez, Jefe de Gabinete de Ministros Gobierno de Santa Cruz; el presidente del Consejo Agrario Provincial, Adrián Suarez; Enrique Jamieson, presidente de la Sociedad Rural de Río Gallegos, Tomás Ibáñez, integrante de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural local; Luis María Campos, delegado del Renatre en la provincia; Miguel O’Byrne, integrante también del CAP, entre otros funcionarios provinciales. Durante la reunión, se discutieron estrategias y medidas para mitigar los efectos de las nevadas y brindar apoyo a los productores afectados. Carlos Castagnani destacó la importancia de la colaboración entre las distintas instituciones y la resiliencia de los productores en estos momentos críticos. «La coordinación y el esfuerzo conjunto son esenciales para enfrentar estas situaciones y asegurar el bienestar de nuestra comunidad agropecuaria», afirmó. En esa línea, el Jefe de Gabinete de Ministros agradeció mucho el interés y la presencia de CRA por visibilizar el tema a nivel nacional, y destacaron los esfuerzos a nivel provincial y ejecución de acciones como la compra de alimentos, y la posibilidad de disponer de más maquinarias para poder solucionar los accesos a los establecimientos para ayudar a los productores y ciudadanos. En este contexto, se resaltó que el 70% de la provincia se encuentra bajo esta situación de emergencia por nevadas. «Desde CRA, como entidad a través de FIAS, estamos a disposición para ayudar con esta situación», remarcó el presidente de CRA. «Los productores del sur argentino no solo enfrentan las adversidades climáticas con valentía, sino que también hacen soberanía y patria al producir en una región tan desafiante. Su dedicación y compromiso son un ejemplo de coraje y amor por nuestra tierra», declaró Castagnani, reconociendo el papel fundamental de estos productores. Asimismo, Castagnani aseguró que desde CRA se pone a disposición la entidad para coordinar esfuerzos y realizar acciones solidarias. «CRA está comprometida a colaborar en todo lo necesario, incluyendo la organización de entregas de alimentos y recursos esenciales que puedan llegar a los productores del sur argentino ante esta delicada situación,» explicó. Finalmente, Castagnani resaltó la crucial labor del Ejército Nacional en esta emergencia. «La función que está teniendo el Ejército Nacional es para resaltarlo. Realmente, sin ellos sería muy difícil hoy que el productor, los pocos que pueden llegar al campo, lo haga. Su apoyo es invaluable y merece todo nuestro reconocimiento y agradecimiento,» concluyó. Fuente: https://www.cra.org.ar/
El Consejo Agrario Provincial habilita línea de emergencia para la población rural
En el marco de las acciones adoptadas por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Santa Cruz, el Consejo Agrario Provincial ha dispuesto de una línea de contacto las 24 hs, para asistir a la población rural afectada por la ola de frío extremo que azota la región. Con el objetivo de brindar una respuesta rápida y efectiva a las emergencias que enfrentan los residentes en las zonas rurales, el Consejo Agrario Provincial, ha habilitado una línea telefónica de emergencia que estará activa las 24 hs. Esta iniciativa busca atender de manera prioritaria a los productores agrícolas y ganaderos, quienes se encuentran en una situación crítica debido a la acumulación de nieve en sus campos. La habilitación de esta línea de emergencia se produce en un contexto en el que las autoridades provinciales y las fuerzas de seguridad están trabajando en conjunto para mitigar los efectos adversos del clima. En la reciente reunión del COE, encabezada por el Jefe de Gabinete, Daniel Álvarez, y con la presencia de representantes de diversas instituciones como la Policía Provincial, el Ejército Argentino y la Gendarmería Nacional, se establecieron medidas concretas para garantizar la seguridad y el bienestar de la población. El presidente del Consejo Agrario Provincial, Adrián Suárez, destacó la importancia de esta nueva herramienta de comunicación. El número de teléfono habilitado para emergencias rurales, las 24 hs, es el siguiente: 02966- 622457. Se insta a los residentes de las áreas afectadas a utilizar este recurso en caso de necesitar asistencia inmediata. “Hoy la prioridad, la urgencia, es abrir las rutas para llegar a los puestos de las estancias y ver cómo está el personal. Ya estamos definiendo cómo avanzar si la nieve y la escarcha persisten, para asegurar la suplementación alimentaria de las ovejas y vacas que están en serio riesgo”, explicó Suárez, al tiempo que detallo que “tenemos prácticamente la mitad de la provincia afectada por nevadas. Se está coordinando con la FIAS los accesos a las distintas zonas rurales de la provincia y, a través de ella, con cada asociación de ganaderos de cada localidad”. El Consejo Agrario Provincial, en conjunto con las fuerzas de seguridad y el Gobierno de Santa Cruz, continuará monitoreando la situación y adoptando las medidas necesarias para enfrentar esta emergencia climática.