La iniciativa busca incorporar sanciones específicas para las intrusiones y los daños contra la producción agropecuaria. Su alcance incluye ganado, alambrados, corrales y sistemas de agua, entre otros bienes esenciales para las estancias de Santa Cruz. Ahora deberá ser tratada por el Senado.

La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto que propone incorporar al Código Penal nuevas figuras vinculadas con el vandalismo rural. La iniciativa, impulsada por el diputado pampeano Martín Ardohain y expuesta en el por César Guatti en representación de CRA respaldando el proyecto de ley, fue aprobada con 162 votos afirmativos, 77 negativos y una abstención. El texto continuará su tratamiento en el Senado, por lo que las modificaciones propuestas todavía no están vigentes.

El proyecto contempla penas de dos a ocho años de prisión para quienes destruyan, deterioren o inutilicen bienes esenciales para la actividad agropecuaria, afectando directamente la producción o la infraestructura del establecimiento. También prevé multas de entre tres y doce veces el valor del daño ocasionado.

Las penas podrían alcanzar los diez años en los casos agravados, entre ellos, cuando participen tres o más personas de manera coordinada, se produzca la pérdida total de la producción o se interrumpa su ciclo productivo.

Qué alcance tendría en Santa Cruz

Aunque el debate sobre vandalismo rural suele asociarse con los ataques a silobolsas, la propuesta también comprende bienes directamente vinculados con la ganadería: animales, forrajes, corrales, alambrados, tranqueras, sistemas de riego, reservas hídricas e instalaciones destinadas al suministro de energía y la extracción de agua.

De aprobarse, su alcance resultaría relevante para las estancias santacruceñas. En la actividad ganadera, los daños a estas instalaciones pueden comprometer el manejo de las majadas y los rodeos, el acceso al agua y la continuidad de las tareas. Por eso, sus consecuencias pueden extenderse más allá del costo de reparar o reemplazar lo afectado.

Ingreso sin autorización a establecimientos rurales

Otro de los ejes del proyecto es la incorporación de sanciones por ingresar a establecimientos rurales contra la voluntad de quien tenga derecho a impedir el acceso. La propuesta prevé penas de un mes a un año de prisión, que podrían elevarse hasta dos años cuando la intrusión obstaculice la producción o genere riesgos para personas, animales o cultivos.

 

La media sanción constituye un paso en el tratamiento legislativo de una problemática que afecta al sector agropecuario. El próximo paso será el debate en el Senado, necesario para que la iniciativa pueda convertirse en ley.